Expertos de la academia valoran positivamente proyecto de ley de transferencia tecnológica

En abril pasado, el Gobierno ingresó el proyecto de ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento a la Cámara de Diputados. La iniciativa busca promover la investigación en las Instituciones de Educación Superior (IES) para facilitar la creación de Empresas de Base Científica Tecnológica (EBCT) que surjan bajo su alero y establecer un Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica.

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Aisén Etcheverry, señaló que la elaboración del anteproyecto consideró “distintos insumos”, como el trabajo realizado en la administración anterior por la exsubsecretaria, Carolina Torrealba, en conjunto con el Consejo Asesor de EBCT de la actual División de Políticas Públicas.

Comentó que el ministerio convocó a una mesa de trabajo para la discusión de este proyecto, en la que participaron el presidente de la Comisión de Investigación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), el presidente de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile (RedGT), que agrupa diversos hubs de transferencia tecnológica; además de representantes de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Corfo, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi); de la Academia Chilena de Ciencias; de Sofofa Hub; e Icare.

Según Etcheverry, existe un “amplio consenso” en la academia y el sector productivo en torno a la importancia de avanzar hacia una mayor vinculación entre los dos mundos y en el papel que juega la transferencia tecnológica para lograrlo.

En ese contexto, indicó que existen diversas miradas sobre cómo generar un “balance adecuado” entre la protección de la propiedad intelectual y el dominio público, y sobre el rol de los diferentes actores -incluido el Estado- en el sistema.

“El proyecto que preparó el Ejecutivo se hace cargo de esos desafíos, poniendo a las universidades al centro, como principales generadores de conocimiento y entregando al Estado un rol en la gestión de la información científica disponible”, dijo.

Añadió que la propuesta también propone un “régimen de protección de los conocimientos generados con fondos públicos que da cuenta de las necesidades de nuestra industria de base científico tecnológica”, considerando particularmente la fuerza que han adquirido la biotecnología y la inteligencia artificial.

Pedro Bouchon, UC: “El proyecto promueve la ciencia abierta”

El vicerrector de Investigación de la Universidad Católica (UC), Pedro Bouchon, quien participó en la mesa convocada por el ministerio de CTCI, señaló que la propuesta del Gobierno “amplía el concepto de transferencia, incluyendo el conocimiento”, ya que cuenta con mecanismos como la difusión y la masificación gratuita del conocimiento, en referencia a la propuesta de crear un repositorio de investigación financiada con recursos públicos.

Bouchon también comentó que el proyecto articula, impulsa y promueve el desarrollo de la investigación, así como la protección de resultados, transferencia y creación de EBCT.

En particular, destacó que la iniciativa propone una modificación a la Ley de Propiedad Intelectual, al establecer que los derechos patrimoniales de las obras desarrolladas por encargo o dentro de una relación laboral “son de quien la encarga o del empleador. Eso es súper importante porque facilita la transferencia de las tecnologías en software, en aplicaciones, en manuales, etcétera”, explicó.

También señaló que el proyecto promueve la ciencia abierta, “entendiendo por supuesto que este conocimiento generado puede beneficiar a la sociedad en su conjunto, pero lo hace respetando los procesos necesarios para resguardar esta propiedad intelectual”.

Comentó que, de aprobarse el proyecto, será importante generar un reglamento que determine, por ejemplo, cómo van a operar las universidades estatales en torno a lo que establezca la ley.

“Lo más importante aquí es que esto permita realmente generar el cambio cultural que se necesita para producir un cambio de enfoque, donde las universidades y los académicos tengan la facilidad y los incentivos para generar conocimiento transferible a través de los mecanismos que propone el proyecto de ley”, añadió.

Silvana Becerra, U. de Los Andes: “Plasma el rol del Estado en la generación de ciencia”

La subdirectora de Innovación de la Universidad de los Andes, Silvana Becerra, quien formó parte de la Comisión de Vicerrectores del Cruch en la discusión del proyecto, indicó que este tuvo un consenso transversal por parte, tanto de universidades privadas como públicas.

“También, como socia activa de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile (RedGT), pudimos plantear nuestras visiones y nuestra evaluación del estado actual de la transferencia tecnológica y las modificaciones que hacían falta. Estamos súper contentos porque fueron en su gran mayoría incluidas en el texto, y eso nos tiene muy tranquilos”, dijo.

La académica destacó que la propuesta “plasma el rol del Estado en la generación de ciencia”, argumentando que este toma un papel activo al establecer las condiciones necesarias para que la ciencia generada pueda llegar a las personas y al mercado, lo que permitiría “dinamizar la economía”, crear más empleo y mayores ingresos para las personas.

“Ya tenemos esto, tenemos los incentivos tributarios, tenemos una serie de instrumentos; hay que ver cómo se comporta y quizá ver si en algunos años más va a ser necesaria una nueva legislación en temas como el mejoramiento del impacto, la pertinencia de las investigaciones, incluyendo la ciudadanía, además de más o mejores condiciones para que la empresa sea parte de esto”, dijo Becerra.

Varinka Farren, hub Apta: “Entrar con una ley corta es fundamental en esta etapa para poder avanzar”

La directora ejecutiva de hub APTA, Varinka Farren, señaló que han participado en una serie de iniciativas que sirvieron de insumo al proyecto de ley. Entre ellas, en una mesa de trabajo organizada por el Inapi, en un estudio realizado por la RedGT, en el Programa integral de apoyo estratégico para EBCT, de Startup Ciencia del ministerio de CTCI, donde se revisaron las distintas brechas de los emprendimientos, y en la elaboración de un informe de las spinoff universitarias -estatales y privadas- para levantar los problemas legislativos que afectaban la creación de empresas en la academia.

Farren señaló que la propuesta del Ejecutivo es el tercer intento formal de tener un proyecto de esta naturaleza en el Congreso.

“Este es un tema que cuesta instalarlo y el proyecto de por sí ya es un avance, porque se muestra que en realidad la transferencia tecnológica y el emprendimiento son temas que sí impactan a la sociedad y que es necesario discutir”, afirmó.

Y agregó que entrar con una ley corta “es fundamental en esta etapa para resolver estos problemas de discusiones que venimos arrastrando hace años y en los que no habíamos logrado avanzar”.

En particular, destacó que el proyecto busca hacer frente a una serie de problemas que restringen la mayor creación de empresas desde la academia, como por ejemplo, los actuales topes para que las universidades públicas puedan participar de una EBCT.

Precisó que los investigadores o académicos que quieran formar parte de una spinoff solo pueden quedarse con el 10% de participación, con un techo de 200 UTM (cerca de $ 13 millones) y sin poder participar como funcionarios de dicha empresa.

“El hecho de que el proyecto busque propiciar las condiciones para crear emprendimientos desde la academia y, sobre todo, desde las universidades públicas, considero que es un muy buen avance”, afirmó.